Reforma 2027, matando la gallina de los huevos de oro
Para el pequeño comerciante, una reforma que incremente costos de cumplimiento, adelante pagos o haga más rígido el reconocimiento fiscal de gastos tiene un efecto distinto
La discusión sobre la reforma fiscal para 2027 no debería reducirse a una pregunta simplista: ¿suben o no suben los impuestos? El verdadero problema para empresarios y comerciantes está en la carga fiscal efectiva, es decir, en cuánto dinero sale de la empresa, en qué momento debe enterarse al fisco, qué gastos pueden reconocerse, qué obligaciones administrativas se agregan y cuánto capital de trabajo queda disponible para operar. El Paquete Económico 2027 fue presentado por la Secretaría de Hacienda el 8 de septiembre de 2026 y, mientras continúa su proceso legislativo, conviene analizar sus efectos con especial cuidado en ciudades productivas como Saltillo (Secretaría de Hacienda y Crédito Público [SHCP], 2026).
Saltillo no es una economía marginal. Los Censos Económicos 2024 muestran que el municipio concentró 26.5 % de las unidades económicas de Coahuila, 23.1 % del personal ocupado, 21.1 % de las remuneraciones y, de manera particularmente relevante, 36.9 % del valor agregado censal bruto estatal en 2023 (Instituto Nacional de Estadística y Geografía [INEGI], 2025a). A escala nacional, Saltillo aportó 1.9 % del valor agregado censal bruto del país y ocupó el octavo lugar entre los municipios con mayor aportación, después de haber ocupado el lugar 16 en 2018, cuando representaba 1.2 % (INEGI, 2025b).
Los números permiten dimensionar el riesgo. Coahuila registró 109,235 unidades económicas del sector privado y empresas paraestatales y 984,646 personas ocupadas en 2023 (INEGI, 2025c). Aplicando la participación municipal reportada por el propio INEGI, Saltillo representa aproximadamente 28,947 unidades económicas y alrededor de 227,453 personas ocupadas. Estas dos últimas cifras son estimaciones aritméticas, no un conteo municipal publicado en esa tabla, pero muestran la escala sobre la que cualquier modificación fiscal puede operar.
Para el pequeño comerciante, una reforma que incremente costos de cumplimiento, adelante pagos o haga más rígido el reconocimiento fiscal de gastos tiene un efecto distinto al que enfrenta una gran compañía. Una tienda, taller, restaurante o prestador de servicios puede ser rentable en papel y, al mismo tiempo, carecer de efectivo suficiente en una semana determinada. La obligación tributaria no debe confundirse con disponibilidad inmediata de caja. Si el sistema exige recursos antes de que el negocio haya cobrado efectivamente sus ventas, el resultado puede ser endeudamiento, reducción de inventarios o postergación de contrataciones.
En la empresa mediana el problema se amplifica. Saltillo está integrado a cadenas industriales y de proveeduría en las que los plazos de cobro, el financiamiento, la adquisición de maquinaria y el costo de los insumos determinan la capacidad de crecer. El INEGI reporta que, en Coahuila, 11,423 unidades económicas obtuvieron financiamiento; 46.8 % lo utilizó principalmente para adquirir insumos en el mercado nacional y 32.6 % para equipamiento o ampliación (INEGI, 2025a). Esto demuestra que el crédito no es necesariamente síntoma de debilidad: muchas veces es combustible operativo. Una regla fiscal que presione liquidez puede convertir financiamiento productivo en financiamiento para pagar impuestos.
Para las grandes empresas, el riesgo adopta otra forma. Saltillo y su zona industrial compiten por inversión, reinversión y nuevas líneas de producción. La industria de equipo de transporte representó 61.3 % del valor agregado censal bruto manufacturero de Coahuila en 2023 (INEGI, 2025a). En este entorno, cambios que limiten las deducciones en materia tributaria resultan aberrantes en estos momentos, en donde se necesita es el crecimiento económico y generar confianza entre empresarios e inversionistas, compliquen el aprovechamiento de pérdidas, encarezcan fiscalmente el financiamiento o eleven de manera sustancial la carga administrativa pueden alterar decisiones de inversión. No significa que toda modificación fiscal provoque automáticamente una salida de capital; afirmarlo sería exagerado. Significa que el Congreso debe medir el efecto acumulado de las reglas, no sólo observar la tasa nominal del ISR.
Aquí está uno de los puntos centrales de la crítica. Sería técnicamente débil afirmar que la propuesta equivale, sin más, a un aumento general de la tasa del impuesto sobre la renta (ISR). El análisis serio debe concentrarse en la carga efectiva y en el flujo de efectivo. Dos sistemas con la misma tasa nominal pueden producir consecuencias económicas muy distintas si uno restringe deducciones, anticipa pagos, eleva obligaciones documentales o reduce el margen financiero para absorber pérdidas y ciclos de cobro.
También debe evitarse otro error: convertir cualquier exigencia de fiscalización en enemiga de la empresa. Combatir evasión, simulación y operaciones inexistentes es legítimo y necesario. Pero una política fiscal bien diseñada distingue al evasor del contribuyente productivo. Si el costo de demostrar cumplimiento crece para todos por igual, la empresa formal termina financiando no sólo el impuesto, sino también una estructura creciente de contabilidad, sistemas, asesoría y control interno. Para una compañía grande ese costo puede absorberse; para una microempresa puede ser determinante. Legislar por excepción es un error y no podemos generalizar que los empresarios por reportar ingresos de más de $50 millones de pesos por año, pudieran representar evasión o tener esquemas fiscales de simulación fiscal.
Este tema legislativo, causo inquietud y preocupación en varios frentes de la sociedad empresarial, por ello, encontramos posturas de preocupación y análisis profundo con propuestas serias, como es el caso del C.P. Agustín Ignacio López Barrón titular del despacho contable López y Asociados S.C. quien concluye; la reforma propuesta en materia de impuestos sobre la renta para 2027, es carente de técnica tributaria que permita mantener los principios de proporcionalidad y equidad tutelados en el artículo 31 de nuestra constitución política y la reforma propuesta en materia del impuesto sobre la renta generaría afectaciones económicas y financieras para el sector empresarial, sin embrago, el sector más afectado, sería el de las pequeñas y medianas empresas que tiene ingresos entre $50 y $250 MDP” adicional a esto la limitación a la amortización de las pérdidas fiscales generadas en ejercicios anteriores al 2027, generarías un perjuicio financiero, por que las empresas planean sus resultados financieros a mediano y largo plazo y la limitación del 50% de la aplicación de las perdidas generaría otro impacto adicional al antes descrito.
El Congreso tiene, por ello, una obligación que va más allá de calcular cuánto puede recaudar en 2027. Debe preguntarse cuánto capital de trabajo retirará de las empresas, qué sectores soportarán el ajuste, qué negocios enfrentarán mayores costos de cumplimiento y qué efecto tendrá sobre inversión y empleo. En Saltillo, donde más de una cuarta parte de las unidades económicas de Coahuila y más de un tercio de su valor agregado censal bruto se concentran en un solo municipio, la pregunta no es menor.
Una reforma fiscal sostenible debe recaudar sin descapitalizar. Debe cerrar espacios de evasión sin convertir al contribuyente cumplido en sospechoso permanente. Debe reconocer que una pequeña tienda, una empresa proveedora de cien trabajadores y un gran corporativo industrial tienen capacidades administrativas y financieras diferentes. Saltillo aporta producción, empleo y valor agregado en una proporción que obliga a tomar en serio esa diferencia. La recaudación es indispensable para financiar al Estado; pero cuando el diseño fiscal ignora liquidez, inversión y capacidad contributiva, el costo puede terminar pagándose fuera de la declaración anual: en menos expansión, menos contratación y menor competitividad.
Ante esta reforma impositiva, aun contamos con Senadores de contención y sensibles en esto y otros asuntos de gran interés del pueblo mexicano, ahí tenemos al Senador Gabriel Elizondo Pérez, quien se identifica con los Coahuilenses emprendedores, empresarios y comerciantes, que además es un actor político que es parte fundamental de la agenda de cobertura del Gobernador Manolo Jiménez Salinas, aplicando gobernanzas para incentivar y proteger la inversión y las fuentes generadoras de empleo y economía estatal con impacto regional.
En otro frente, pero este de lado de los comerciantes, tenemos a la CANACO, que encabeza el Lic. Juan Antonio Aguirre Valdez, quien se ha manifestado por que las aplicaciones Fiscales no trastoquen la inversión y el fomento al trabajo, que exista gobernanzas claras con sensibilidad y congruencia, si el Gobierno necesita generar economía sana y empleos dignos, deberá entonces procurar acciones y marcos legales que así lo hagan posible, así que Senadores o Legisladores de contención y los organismos empresariales y sociales, son una caja de resonancia que pueden debatir ante intentos de reformas impositivas y que pueden poner en riesgo la economía nacional.
De lo anterior, resalta la inminente necesidad de fijar los posicionamientos del sector empresarial ante sus representantes en las Cámara de Diputados y de Senadores, para concientizar al ejecutivo sobre el impacto económico que generaría en el sector empresarial de las PYMES, que además de generar una aportación al PIB, general el 80% del empleo formal que a su vez producen aportaciones de seguridad social, que por cierto también se incrementarán en 2027. Esperemos que reflexionen revisando otros rubros como el ejercicio del gasto corriente.
Fuente: RCG
